Por Blas A. Buendía
Ante integrantes del Poder Judicial de Perú, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), magistrado Edgar Elías Azar, deijo que aquí se vive una revolución pacífica en la que la oralidad es un medio para garantizar derechos y libertades de las personas y agilizar los procesos jurisdiccionales, lo cual es un desafío por lo limitado de los recursos económicos.
En el edificio de Salas Penales del TSJCDMX, el magistrado abundó que se trata de un momento de transformación estratégica en el órgano judicial capitalino, en el que se han tenido que generar acciones para encarar el reto de contar con una impartición de justicia acorde a la actualidad de la capital de la República mexicana.
Se refirió a la nueva realidad latinoamericana, como la comisión de delitos cometidos por adolescentes a edades más tempranas, la migración, las distintas formas de familia que se han generado, la trata, el feminicidio, la dinámica de los tipos penales, el nuevo sistema de justicia penal y la diversificación de los contratos civiles y mercantiles, entre otros.
La implementación de la oralidad judicial en todas las materias, explicó, obliga a consolidar diálogos y alianzas estratégicas, así como acciones creativas que faciliten alcanzar el objetivo de generar los cambios necesarios para las sociedades democráticas.
El político y jurista guerrerense Édgar Elías Azar, enfatizó que mexicanos y peruanos saben que no se puede dar un solo paso atrás en la aplicación de los derechos humanos; ni permanecer estáticos ante los cambios que demanda la realidad latinoamericana.
A nombre de la delegación peruana que participa en el Intercambio de Experiencias de los Poderes Judiciales México-Perú, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, juez Johnny Cáceres Valencia, subrayó la importancia del intercambio de experiencias, y recordó que en su país se implementó una reforma penal desde 2006.
Reconoció que la incidencia delictiva en la región latinoamericana guarda cierta igualdad, y consideró erróneo que se mire a los operadores del sistema de impartición de justicia como los culpables de la criminalidad, cuando deben atenderse áreas como la prevención.
Comentó que su país está dividido en 33 distritos judiciales, y abundó en que la delegación peruana la componen representantes de todas las instancias del Poder Judicial de la nación sudamericana.
Durante cuatro días, los visitantes habrán de conocer cómo opera la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, también presenciarán audiencias, visitarán el Centro de Justicia Alternativa, el Archivo Judicial, y sostendrán diversos diálogos con jueces y magistrados.